FP, Formación profesional frente al desempleo juvenil

Aprobada definitivamente la ley de FP que aspira a reducir el desempleo juvenil

El Pleno del Senado aprobó definitivamente este miércoles. la Ley de Formación Profesional, impulsada por el Ministerio de Educación con la aspiración de reducir el paro juvenil y estrechar el vínculo entre los centros educativos y el tejido productivo. El Congreso de los Diputados ya dio luz verde a la norma en diciembre, por lo que el texto culmina aquí su camino parlamentario y entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOEpara que se pueda ir implantando de forma progresiva. 

«Es una ley estratégica y es un proyecto de país», destacó la ministra de Educación, Pilar Alegría, durante su intervención al finalizar el debate. «Nuestro país tenía una deuda histórica con la Formación Profesional», subrayó, poniendo en valor a los más de un millón de jóvenes que se matricularon este año en esta alternativa educativa. Es a esos jóvenes, según aseveró Alegría, a quien atenderá fundamentalmente la norma. «Porque la FP les va a facilitar una formación de calidad, que les va a abrir la puerta a un futuro empleo, digno, bien remunerado y, por tanto, de calidad»

Reducir la tasa de población con baja cualificación

La ley se erige sobre cuatro asuntos a los que pretende hacer frente: el desempleo entre los más jóvenes, la imagen de falta de prestigio que todavía hay en España sobre esta alternativa educativa, la baja tasa de matriculación en comparación con los países vecinos, y el insuficiente reconocimiento de la vida laboral. Y es que, pese a que la tendencia de los últimos años apunta a un crecimiento progresivo, España presenta una tasa de matrícula de grado medio (12%) notablemente inferior a la media de la OCDE (29%) o de la Unión Europea (25%). 

Por otro lado, el 48% de la población activa española -esto es, 11 millones de personas- no tiene un título que verifique sus competencias profesionales, aunque acumulen años de experiencia laboral. Para ello, el Gobierno ya aprobó una partida inicial de casi 852,5 millones de euros con los que Educación calcula que se podrán acreditar las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años. 

El horizonte se fija en lograr que la población con baja cualificación descienda del 35% actual al 15%, teniendo en cuenta que las previsiones apuntan a que, en un futuro cada vez más cercano, los empleos que requieran baja cualificación se irán reduciendo y desapareciendo poco a poco. 

Cinco niveles ascendentes

La nueva norma reformula el sistema de la Formación Profesional en cinco niveles ascendentes (A, B, C, D y E). Se trata de un abanico de formaciones de distinta duración y volumen que contempla, desde unidades más pequeñas (grado A) hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E). 

A los grados A, B y C únicamente podrán acceder los mayores de 16 años, y contemplan el sistema de reconocimiento de ciertas competencias: el A, de menor tamaño, conduce a la obtención de una acreditación parcial; el B ofrece un certificado de módulo profesional; y el C reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional.

En cuanto al Grado D, se corresponde con los ciclos formativos, mientras en el E ya se integrarán los cursos de especialización que tendrán una duración de entre 300 y 800 horas. Quienes superen un curso de especialización obtendrán un título de Especialista (Grado Medio) o Máster Profesional (Grado Superior).

Además, todo se podrá ir acumulando, certificando y acreditando en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional que contempla la ley y que permitirá a todos los ciudadanos obtener una vida formativa-profesional en continua actualización. 

Formación dual

Otra de las claves fundamentales de la norma es su carácter dual. Es decir, se compaginará la formación en los centros educativos con la formación en las empresas. Esta podrá ser de dos tipos: 

  1. General: con un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.
  2. Intensiva: con una formación en la empresa a partir del 35% de la duración total, así como la colaboración de esta con el centro de formación en el desarrollo de más del 30% del currículo. Además, contempla un contrato de formación entre el estudiante y la empresa en los términos que determine la legislación laboral.

En esa línea, la norma tiende también un puente con las universidades para facilitar la conexión entre ambas vías. Así, se propone una convalidación directa de asignaturas (hasta un 25% de los créditos de un grado similar), con el objetivo de que los estudiantes puedan transitar entre los dos sistemas y en ambos sentidos. Es decir, un universitario podrá impartir enseñanzas de FP, y un alumno de FP podrá hacer lo mismo con la Universidad.

FUENTE: 20 Minutos

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